Valencia, 22 may (EFE).- El fiscal considera que no hubo fraude en la adquisición de acciones en la ampliación de capital del Valencia CF de 1996, tal y como sostiene la querella interpuesta ese año por una quincena de accionistas contra dos ex presidentes y cuatro ex consejeros de esta sociedad.

En sus conclusiones finales a las que tenido hoy acceso EFE, previas al juicio que se celebrará en la Audiencia de Valencia por estos hechos, el Ministerio Público pide así la absolución de los ex presidentes Francisco Roig y Pedro Cortés y de los ex consejeros Manuel Llorente, Vicente Pons, Jaime Molina, José López Lluch, Enrique Roig y Antonio Bonet.

El escrito relata que los siete querellados, todos ellos en calidad de consejeros del club excepto Pons -que en ese momento no tenía ese cargo-, convocaron una Junta General de Accionistas, que se celebró el 11 de marzo de 1996, en la que el primer punto del orden del día era la ampliación de capital de la sociedad en 1.500 millones de pesetas.

Esa ampliación se proponía obtener mediante la emisión de 187.500 nuevas acciones, con 8.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas y cuya suscripción sólo se podía realizar con desembolso íntegro de su valor.

Para ese aumento de capital se acordó que se excluiría el derecho de suscripción preferente previsto legalmente, "todo ello destinado a redistribuir la base social del accionariado y conceder prioridad en la suscripción a los socios minoritarios y a un gran conjunto de aficionados del Valencia CF-SAD".

Además, la ampliación, que fue aprobada por mayoría "abrumadora", quedó desembolsada el 21 de agosto de ese año en la cuantía de 817 millones de pesetas y resultaron emitidas 102.213 acciones.

Se suscribieron esas acciones y se dejaron sin efecto las restantes de la ampliación propuesta, cuya suscripción no se había llevado a cabo, lo que significa que, de las 187.500 acciones de la ampliación, equivalentes a 1.500 millones de pesetas, sobraron y no se suscribieron 85.287 acciones, equivalentes a 682 millones de pesetas, casi la mitad de las adquiridas.

En este sentido, los ex consejeros querellados "iniciaron una acción coordinada destinada a conseguir el mayor número de acciones posible" para lo que, bien "personalmente o valiéndose de personas de su confianza", adquirieron un "importante" número de acciones.

Revisado el caso, el fiscal estima que los hechos relatados no son constitutivos de un delito societario y ni de una estafa, y que no hubo engaño ya que los acusados suscribieron las acciones "tan válidamente que hasta continúan siendo accionistas sin óbice alguno por parte del club deportivo".

Considera, además, al contrario que la acusación particular, que tampoco se dio un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Al juicio están llamados a comparecer ante el juez más de trescientos testigos, según explicó a EFE, el día que el juez señaló la fecha del juicio, el representante legal de Cortés, Alberto Aliaga, quien manifestó que el proceso será "largo".

El letrado apuntó entonces que la primera sesión del juicio será una vista oral para tratar "aspectos meramente técnicos y procesales" y que, luego, "parece ser que en septiembre", comenzará la comparecencia de testigos.

La acusación particular pide para los acusados penas que llegan hasta los seis años de cárcel como autores de un presunto delito de estafa para acaparar acciones.