Nunca un chuletón de Irún costó tanto. Las secuelas del entrecot, presunto contaminante que originó la cantidad de picogramos en el cuerpo de Alberto Contador, son una pesadilla. Se enfrent a un castigo ejemplar y durísimo. Dos años de sanción por su positivo en el Tour 2010, queda desposeído de un Tour y de un Giro que ganó en la carretera, no podrá disputar la 'Grande Boucle' en 2012 y tampoco los Juegos Olímpicos de Londres. El TAS resuelve que el doping de Alberto no está probado, pero el positivo de Contador si lo está. Resulta extraño comprobar que un deportista puede ser considerado culpable si no se ha probado el dopaje en cuestión, pero las leyes antidoping del ciclismo son taxativas en este punto. Contador no ha podido demostrar su inocencia y el tribunal, por lo tanto, ejecuta inversión de la carga de la prueba. No tiene pruebas de que se dopara, pero sí indicios de que en el cuerpo del ciclista existía una sustancia no permitida que, aunque no mejorase su rendimiento de manera crucial, está penalizada por el reglamento. Resulta cruel, cierto. Pero la ley antidoping menciona la 'responsabilidad objetiva', donde 'la mera presencia de una sustancia prohibida en la orina ya es prueba de que el positivo existió'. Contador y su entorno, como Valverde y el resto de ciclistas de la madre patria y el resto del mundo mundial, sabe, sabía y sabrá, o debería saber, en qué consisten las normas del TAS, de la UCI y de la AMA. Normas absurdas y quizá obsoletas, pero que deben ser respetadas por quien decide competir bajo su jurisdicción.
Hay quien pretende descargar su rabia y frustración tiroteando a la UCI por el caso Contador, pero la realidad es tozuda y recuerda dos cuestiones: primera, fue la UCI la que trató de esconder el positivo del corredor, pactando con el propio deportista, algo que no cuajó merced a la filtración de un diario alemán que destapó el caso. Y segunda, la Federación Española de Ciclismo, sabiendo que las reglas y el modo de proceder del TAS, exculpó a Contador. El fallo ha provocado reacciones en cadena. Pedro Delgado, otro estandarte del ciclismo español, ha comentado que a los del tribunal 'se les ha ido la olla'. Palabras que indican que Pedro quiere mucho a Alberto y que, además, desconoce algunas partes fundamentales del reglamento sancionador. Comprensible. Como la defensa pública de Ana Rosa Quintana en televisión, abogando por la inocencia de Contador mirando a su DNI y alegando que le castigan por comer barritas energéticas. A ese carro se suben muchos, una mayoría ruidosa, que enfatizan que la agencia de rating francesa tiene mucho interés en rebajar la nota de calificación de Alberto, porque hace años que sufren urticaria cuando un españolito les gana en su país y se lleva su carrera. Otra vez, la realidad, tozuda, no hace distingos entre banderas y desbarata esas teorías patriotas. Floyd Landis no nació en Algeciras, Basso no es de Santiago de Compostela y Rasmussen no era vecino del barrio de Chamberí. Durante años, quien esto escribe, mantuvo una postura durísima frente a los periodistas franceses que criminalizaban a los españoles con presuntos dopajes e historias para no dormir. Se vertieron toneladas de basura sobre Indurain y luego, sobre Contador. En ese momento, exigimos pruebas. Y hoy, desafortunadamente para nuestro deporte, resulta que Alberto no puede demostrar su inocencia en el asunto de la carne, algo que prueba su positivo. No es una cuestión de españolía, sino del cumplimiento de las normas, aunque no sean justas porque nadie las ha cambiado.
Alberto anunció en su día que, en caso de ser sancionado, colgaría la bici. Los aficionados al deporte no deseamos que cumpla esa amenaza. Debe estar destrozado y tiene motivos para la amargura. La dilación de su sentencia es repugnante, porque esperar 565 días para que te digan que eres culpable, es para pensar seriamente que los que van dopados son los que conforman el tribunal. De acuerdo. Pero aunque sea mal y tarde, muy tarde, la justicia ha dictado sentencia. Y su fallo vuelve a poner mirando a Cuenca a los guardaespaldas mediáticos de la españolía y a los jerifaltes políticos que ponen cara de empate a cero y se tiran de cabeza a las cámaras cuando se trata de darle un rodeo a la verdad. El caso Contador es otro puñetazo de realidad para esas autoridades que vuelven a quedar con el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, al aire. El futuro arroja certeza. Se enfilará el camino más sencillo. Echarle la culpa al empedrado. Un día a la Guardia Civil, otro a los periodistas, más tarde a los directores de equipo, después a los delincuentes contra la salud pública, y por supuesto, a los franceses, porque nos ponen la cara colorada cuando nos señalan como un paraíso de la vulneración de las normas. El protocolo a seguir se conoce de memoria. Eufemiano seguirá sin contar lo que sabe, habrá barra libre para criminalizar al ciclismo una vez más (¿qué hace falta para hablar de la limpieza o suciedad de otros deportes en este país?), la ley del silencio se aplicará para ocultar lo más sucio de la 'Operación Puerto' y el Secretario de Estado para el Deporte se meterá debajo de la cama. Llevan toda la vida poniendo una vela a Dios y otra, al diablo.
Rubén Uría / Eurosport
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